Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, quienes estarían involucrados en una serie de ataques terroristas en San José del Guaviare y Calamar entre junio de 2024 y enero de 2025. Según la investigación, los hechos incluyeron el uso de artefactos explosivos artesanales y drones para atentar contra sedes de la fuerza pública.
La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, recolectó elementos probatorios que señalan a Millán Arnulfo Barahona Gómez, alias ‘Miller’ o ‘Cuchillo’; Maicol Stiven Coca Valencia, alias ‘Michel Coca’; y Luis Alejandro Aristizábal García, alias ‘Colágeno’ o ‘Quietico’, como presuntos responsables de estas acciones delictivas. Se les acusa de participar en atentados y otras conductas ilegales dirigidas contra la población civil y las autoridades.
Alias ‘Michel Coca’ estaría involucrado en el ataque con drones y explosivos contra el Batallón de Inteligencia Militar 24 del Ejército Nacional y la estación de Policía de Calamar en enero de 2025. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y contratistas de la región. Alias ‘Miller’, por su parte, habría trasladado explosivos a distintos puntos, mientras que alias ‘Colágeno’ habría instalado un artefacto en las cercanías de la Brigada 22 de Selva del Ejército Nacional en San José del Guaviare.
Asimismo, las pruebas indican que alias ‘Miller’ presuntamente participó en el asesinato de una pareja en la vereda El Progreso, en jurisdicción de Calamar. Según la Fiscalía, fue el encargado de transportar a los sicarios hasta la vivienda de las víctimas, donde se perpetró el crimen.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, daño en bien ajeno, utilización de métodos de guerra ilícitos, tráfico de estupefacientes y extorsión. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán permanecer en prisión mientras avanza el proceso en su contra.
