La amenaza de muerte a defensores de derechos humanos alcanzó a la abogada Yessika Hoyos y a tres integrantes del MOVICE Sucre.
El Colectivo de Abogados y Abogadas «José Alvear Restrepo» (CAJAR) denunció una amenaza de muerte a defensores de derechos humanos.
Según conoció este medio, el mensaje llegó el 18 de octubre de 2026 a los celulares de la abogada Yessika Hoyos Morales, integrante de la asamblea del CAJAR, y de Candelaria Barrios Acosta.
También amenaza a Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – Capítulo Sucre.
«Si William pisa cárcel, ustedes Candelaria, Malena y Juan David compren los cajones. Les tenemos seguimiento», dice el mensaje.
La amenaza anuncia su muerte, les exige abandonar su labor y afirma que las personas están vigiladas. No es un mensaje genérico: nombra a los amenazados y los vincula con un proceso judicial concreto.
Condena por la masacre de La Guaripa
La amenaza a defensores de derechos humanos llega tras una condena.
En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Sincelejo condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaria, exdirector de Comfasucre, como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado.
El tribunal también condenó a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como autores materiales.
La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, mientras los hermanos cercaban el predio El Trébol. Fue el desenlace de una larga disputa por la tierra, marcada por amenazas, agresiones y desalojos contra la familia. Las víctimas denunciaron estos hechos ante las autoridades, pero nadie evitó el crimen.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a todos los procesados. La condena fue posible gracias a la apelación de la Fiscalía y de la abogada Yessika Hoyos, en representación de las víctimas, junto al acompañamiento del MOVICE Sucre a la familia. Hoy se amenaza a quienes no han dejado de buscar justicia y verdad.
Contexto de riesgo
La amenaza a defensores de derechos humanos ocurre en un país con altos niveles de violencia contra líderes sociales.
Entre enero y agosto de 2026, fueron asesinadas al menos 112 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos.
Además, la Corte Constitucional mantiene declarado un estado de cosas inconstitucional por la falta de garantías para su labor (Sentencia SU-546 de 2023). Tres de las cuatro personas amenazadas son mujeres defensoras, lo que agrava el riesgo.
Exigencias del CAJAR
El colectivo exige al Presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías activar las rutas de prevención como primeros respondientes. También pide convocar con urgencia las instancias territoriales de garantías.
A la Fiscalía General de la Nación le exige investigar con debida diligencia a los responsables de esta nueva amenaza a defensores de derechos humanos.
Al Gobierno nacional le pide reconocer públicamente la labor del CAJAR y del MOVICE, abstenerse de toda estigmatización e informar a la CIDH y a la Corte Interamericana sobre estos hechos.
«Responsabilizamos al Estado colombiano por cualquier hecho que atente contra la vida, la integridad o la libertad de nuestras compañeras y compañero», señala el colectivo.
El CAJAR hizo un llamado a la comunidad internacional, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana y al cuerpo diplomático para que acompañen a las personas amenazadas y hagan seguimiento a la respuesta del Estado.
«Defender derechos es un derecho. Seguiremos acompañando a la familia de los hermanos Escobar Mercado hasta que la justicia sea plena», concluye la organización.
