La disputa entre el Atlético Fútbol Club y el Real Sincelejo es el claro ejemplo de cómo el fútbol en Colombia responde a sus propias leyes y tiene su propia justicia. La pelea que estos dos equipos libran desde hace más de dos años ha llegado al Consejo de Estado, la Fiscalía y la Procuraduría en busca de que la justicia le ponga tatequieto a quienes se rehúsan a cumplir con el fallo judicial que en 2015 anuló varias actas registradas en una notaría y devolvió el derecho al Real Sincelejo de jugar en el fútbol profesional. La primera entidad que parece desmarcarse y tomar una decisión de fondo en este caso es el Ministerio Público, por cuenta de una investigación en contra de Andrés Botero, y Claudia Guerrero, en su condición de exmiembros de Coldeportes, y en contra de Clara Luz Roldán, hoy directora de la entidad.
Hace dos años, a la Procuraduría llegó una queja firmada por Juan Carlos Restrepo, presidente del Tolima Real y padre de crianza del jugador del Bayern Múnich y la selección de Colombia James Rodríguez. En el documento, el dirigente de fútbol le explicó a la Procuraduría que desde 2015 intenta en vano replicar el modelo de aprendizaje que tuvo la estrella de la selección. Restrepo señaló que desde el comienzo quiso que un equipo suyo disputara un torneo profesional y que, para lograrlo, había comprado una ficha en la categoría B que desde 2004 había tenido el Real Sincelejo. Lo hizo a sabiendas de que esa ficha estaba inmersa en un proceso judicial, pero con la seguridad de que un juez de Sincelejo le daba la razón a la hora de determinar quién era el dueño de la ficha: el equipo de la Costa Caribe.
En su relato, Restrepo hizo el recuento de cómo el permiso para jugar en la B se embolató por cuenta de una estafa que ideó Édgar Paternina Revollo, representante legal del Real Sincelejo. Según el Tribunal Superior de la capital de Sucre, Paternina, con el apoyo de personas diferentes a los socios del club, promovió una asamblea extraordinaria en 2004 que permitió modificar los estatutos de la sociedad, cambiar los dueños y la razón social del equipo. Fue así como el club pasó a llamarse Deportivo Pereira S. A., bajo la dirección de un nuevo dueño: Gustavo Moreno, empresario del fútbol que desde los años 90 estuvo vinculado a la Liga del Valle y llegó a presidir el Club Boca Juniors de Cali, reconocido por ser una de las principales canteras del fútbol vallecaucano y colombiano.
El Deportivo Pereira S. A. no tuvo ese nombre por mucho tiempo. En 2006 pasó a llamarse Depor Fútbol Club S. A. y se radicó en Cali. Diez años después, y con la insistencia de que habían adquirido su reconocimiento deportivo de forma irregular, el equipo volvió a cambiar de nombre, y en 2016 el Atlético Fútbol Club entró a la Copa Colombia con una ficha nueva. Restrepo le explicó a la Procuraduría que, al no resolver la disputa por el cupo que tenía el Real Sincelejo, Coldeportes y la Dimayor resolvieron crear una ficha con número nuevo para darle el aval al equipo de Moreno. Andrés Botero y Claudia Guerrero firmaron la resolución en la que se le dio vía libre al Atlético FC para jugar, sin tener en cuenta que Restrepo había presentado un recurso de apelación que no había sido resuelto.
Esa fue la misma resolución que fue demandada en el Consejo de Estado el 3 de octubre de 2016. La disputa entre estos dos equipos llegó hasta este alto tribunal con la esperanza de que este año se pronuncie. Además del proceso en el Consejo de Estado y la Procuraduría, el equipo de abogados de Restrepo está también detrás de una denuncia en contra de los dirigentes de la Dimayor. A finales del año pasado, el proceso comenzó a moverse en la Fiscalía, y Jorge Fernando Perdomo, presidente de la entidad, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fueron entrevistados por el ente investigador. La Procuraduría, por su parte, adelanta su investigación disciplinaria en contra de los directivos de Coldeportes y se espera que en el transcurso del mes se conozca su decisión.
La determinación que pueda tomar el Ministerio Público es de talla mayor, pues, desde el cambio de domicilio del Real Sincelejo, los accionistas que vieron cómo Paternina los estafó, comenzaron a exigirles a las autoridades que protegieran sus derechos e impidieran que su equipo desapareciera. Paternina, cuando fue requerido por las autoridades para que explicara lo sucedido, se limitó a decir que los documentos legales se le habían perdido en el trasteo. En octubre de 2007, la Fiscalía decidió investigar el hecho, y aunque en una primera instancia un juez de Sincelejo absolvió a Édgar Paternina, el 9 de febrero de 2015 el Tribunal Superior lo condenó a tres años de prisión por el delito de estafa.
Aunque el tema penal ya estaba resuelto, los socios estafados, desde el momento que se dieron cuenta de las irregularidades, pidieron también a Coldeportes y la Dimayor que interviniera en la pelea. Las quejas llegaron a oídos sordos y, en lugar de investigar el negocio ilegal que firmó Paternina, las entidades le dieron el aval a Moreno para jugar con el Depor FC. Quienes han seguido de cerca el caso no se explican cómo en Coldeportes y en la Dimayor no tuvieron en cuenta ni siquiera el fallo del Tribunal de Sincelejo en donde, además de condenar a Paternina, se anularon todas las decisiones que tomó la asamblea extraordinaria en la que el Real Sincelejo desapareció y nació el equipo que hoy juega en la B con el nombre de Atlético Fútbol Club.
Con la insistencia de Restrepo, Gustavo Moreno sabía que el problema ya no sólo era penal, sino también deportivo. Fue así como le dio poder al abogado Jorge Hernán Colmenares para que representara los intereses del equipo. Según la denuncia que recibió la Procuraduría, Colmenares fue uno de los jefes de inspección, vigilancia y control de Coldeportes cuando los defraudados socios del Real Sincelejo acudieron al organismo para denunciar lo sucedido. Es más, según las pruebas que Restrepo entregó a la Fiscalía, Colmenares fue quien pidió a la Fiscalía en 2004 que interviniera en la disputa. En esta historia, este tipo de trueques no es el único. Claudia Guerrero, una de las funcionarias investigadas por la Procuraduría, pasó de ser la directora de inspección, vigilancia y control de Coldeportes, a gerente jurídica de la Dimayor.
El Espectador se comunicó con Coldeportes para conocer su posición con respecto a la investigación de la Procuraduría, pero se limitaron a decir que no podían pronunciarse si el proceso seguía en curso. Mientras se conoce la decisión del Ministerio Público, Juan Carlos Restrepo y su equipo de abogados siguen a la espera de las decisiones de la Fiscalía y del Consejo de Estado. Por ahora, su insistencia en poder jugar en la liga profesional colombiana sigue vigente y esperan que, con la intervención de los entes de control y del alto tribunal administrativo, el sueño de implementar el modelo de aprendizaje de James Rodríguez sea un hecho en Colombia, y la acción de la justicia sea también un apostolado en el fútbol colombiano.
Por: El espectador
