enero 20, 2026La condena histórica a Mancuso por crímenes contra los Wayúu marca un hito en la justicia para las víctimas de La Guajira.
ÁNGEL MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió una condena histórica a Mancuso por crímenes contra los Wayúu y otras comunidades de La Guajira.
Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar, recibió sentencia por 117 hechos delictivos cometidos entre 2002 y 2006.
Los crímenes incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia de género, ejecutados por estructuras armadas bajo su mando.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actuó bajo las órdenes de Mancuso.
Uno de los episodios más brutales ocurrió el 10 de octubre de 2003 en la ranchería Manaki, en Uribia. Allí, paramilitares golpearon y maltrataron a indígenas Wayúu durante cuatro horas. Además, destruyeron y robaron bienes culturales esenciales para su supervivencia, como chinchorros, mochilas y mantas bordadas.
Dos años antes, en marzo de 2002, el mismo grupo asesinó a dos indígenas en la ranchería Kepischon.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu se creó en marzo de 2002 con 150 integrantes. Su objetivo era extender el control de las AUC en zonas clave de La Guajira, incluyendo áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
La sentencia reconoció como víctimas a las comunidades Wayúu de Carraipia, Majayura, Malaki (Uribia) y Matitas (Riohacha), otorgándoles reparación colectiva.
Mancuso Gómez fue condenado a 40 años de prisión y una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo período. Según la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), podría reducir su pena a 8 años si cumple con las obligaciones impuestas.
Esta condena histórica a Mancuso por crímenes contra el pueblo Wayúu es un paso crucial para la justicia transicional en Colombia.
Sin embargo, las comunidades afectadas siguen exigiendo acciones concretas para reparar el daño causado. La memoria de las víctimas y la lucha por sus derechos siguen vigentes, recordando que la justicia, aunque tardía, debe ser completa.
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