La Fiscalía adoptó lineamientos para investigar con celeridad los crímenes contra periodistas en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación dio un paso sin precedentes al expedir la Resolución 00119 de 2026. Este documento establece lineamientos claros para investigar los crímenes contra periodistas en Colombia, incluyendo homicidios, amenazas y otras agresiones vinculadas a su labor informativa.
La medida busca acelerar procesos y garantizar justicia para quienes arriesgan su vida por informar.
El acto administrativo reconoce que la violencia contra comunicadores no solo afecta a las víctimas. También atenta contra la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público.
Por ello, las investigaciones deberán analizar el contexto amplio de cada caso, incluyendo los hechos que el periodista denunciaba o verificaba.
Esto permitirá identificar móviles como la censura o la retaliación por exponer intereses ilícitos.
La Resolución exige a los fiscales actuar con celeridad y rigor técnico. Se eliminan dilaciones injustificadas y se garantiza la recolección exhaustiva de pruebas.
Además, en casos de riesgo inminente para la vida o la integridad de los periodistas, se priorizará su protección. Se activarán mecanismos para prevenir nuevas agresiones y verificar el peligro de manera inmediata.
Un avance clave es el enfoque diferencial. La Fiscalía reconocerá como periodistas a quienes ejerzan la labor informativa, sin exigir acreditaciones formales.
Esto incluye a profesionales en entornos digitales. Cada caso se analizará considerando su posible efecto de amedrentamiento o autocensura, así como su impacto en la circulación de información de interés público.
En el ámbito operativo, se fortalecen los procesos de recepción y registro de denuncias. El objetivo es identificar rápidamente la condición de la víctima y el vínculo entre los hechos y su actividad periodística.
También se promueve la articulación entre dependencias especializadas para evitar la fragmentación de las investigaciones. Esto mejorará la efectividad en la respuesta institucional.
La Resolución también crea un canal permanente con organizaciones de la sociedad civil. Este espacio facilitará la prevención, el acompañamiento a las víctimas y el intercambio de información relevante.
Además, se implementarán planes de capacitación para fiscales y servidores que reciban denuncias, asegurando un manejo adecuado de estos casos sensibles.
