Están señalados de extorsionar a comerciantes, ganaderos y mineros en siete municipios del sur del departamento.

ÁNGEL MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ.

La presión silenciosa del Clan del Golfo se sentía en los campos, comercios y minas del sur de Bolívar. En municipios como Achí, Pinillos, Magangué y Montecristo, nadie estaba a salvo de las cuotas mensuales impuestas por la subestructura Arístides Meza Páez, una de las alas criminales más activas de esta organización ilegal. Hoy, dos de sus presuntos responsables han sido asegurados por la justicia.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Katherine Tirado Polanco, conocida como La Puchingo, y a Icle Alberto Hernández Villegas, alias Charly, señalados de formar parte de esta red de extorsión sistemática. Ambos fueron capturados en operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y el Ejército: La Puchingo en Achí y Charly en Cartagena.

Alias La Puchingo de 23 años fue capturada en el municipio de Achí (Bolívar).

Una maquinaria de cobro y terror

Según la Fiscalía, los procesados eran los encargados de recaudar el dinero exigido a mineros, comerciantes, agricultores y ganaderos en al menos siete municipios del departamento: Achí, Pinillos, Magangué, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Tiquisio y Puerto Rico (Bolívar).

El esquema de extorsión era meticuloso: el monto variaba según el tipo de actividad económica. A los ganaderos se les cobraba entre 10.000 y 30.000 pesos mensuales, según la cantidad de reses o hectáreas que tuvieran. A los comerciantes, las cuotas fluctuaban entre 300.000 y 10 millones de pesos, dependiendo del tamaño del negocio.

Pero la presión más fuerte recaía sobre los mineros de oro, quienes estaban obligados a entregar el 20% de su producción mensual. Incluso los consorcios de obras civiles eran blanco de extorsiones: tenían que pagar entre el 5% y el 10% del valor de sus contratos.

Negaron los cargos, pero quedaron tras las rejas

Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y extorsión agravada, imputados por la Fiscalía durante las audiencias ante un juez de control de garantías. Aunque negaron su responsabilidad, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos, al considerar que su libertad representaría un riesgo para las víctimas y el proceso judicial.

Con estas capturas, las autoridades buscan debilitar el músculo financiero de una organización que ha convertido el miedo en una fuente permanente de ingresos. Mientras los pobladores intentan recuperar su tranquilidad, la justicia avanza contra quienes pretendían lucrarse a punta de amenazas.

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